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04-11-2019 - ELECCIONES 2019
La histórica “Mesa 21”, precedente para resolver una elección



La famosa urna que en el año 2003 le terminó dando el triunfo a Jorge Fernández sobre Manuel Solana aparece como una posible solución para el empate técnico y las denuncias de irregularidades en el municipio bonaerense de Maipú.

En el 2003, los ciudadanos de Lincoln que habían votado en la famosa “Mesa 21”, por entonces masculina y ubicada en la Escuela Normal, tuvieron que volver a la urna y terminaron definiendo la elección para el cargo de intendente, que quedó en manos de Jorge Fernández. Así lo resolvió en aquella oportunidad la Junta Nacional Electoral, al haber hecho lugar a un planteo que objetaba el resultado por “manifiestas irregularidades ocurridas durante el escrutinio provisorio”.
Sin el recuento de la mesa anulada, los dos principales contendientes, el por entonces radical Manuel Solana y el peronista Fernández, habían quedado empatados en 6.387 votos.
La paridad marca un rumbo para buscar en aquel antecedente una posible salida que termine resolviendo el conflicto planteado el último domingo en Maipú: la “elección complementaria” que había ordenado aquella vez la Junta Nacional Electoral de la “Mesa 21” torcería el rumbo definitivo de la elección y consagraría a un ganador.
A la distancia, el paralelo es evidente: la diferencia que el actual intendente de Maipú logró para consolidar su reelección fueron 62 votos, 88 menos que los 150 ciudadanos que alegan haber sido privados de su derecho y obligación constitucional de sufragar. En llano, si la apelación logra que la Justicia atienda el reclamo de esos 150 electores, el resultado final podría revertir el comicio y consagrar jefe comunal electo al representante del “Frente de Todos”, quien -por ahora- desconoce el resultado de las elecciones del domingo.

EL CASO DE LINCOLN
El empate en aquella elección se había producido luego de que, en el recuento provisorio, el candidato del Partido Justicialista superara a su adversario radical por 57 sufragios. La UCR había objetado los resultados y había logrado que la Justicia Electoral anulara la urna 21, perteneciente a la ciudad cabecera, tras haber comprobado graves inconsistencias en la confección de los telegramas.
El radicalismo había pedido que se votara en dos mesas, aunque la Junta Electoral había comprobado irregularidades en una sola y había ordenado una “elección complementaria”. Como resultado, los empadronados en la mesa en cuestión habían tenido que volver a la urna el 23 de noviembre del 2003, casi un mes y medio después de la elección original, que había sido el 14 de septiembre de ese mismo año.
En esa mesa, según las actas elaboradas por la autoridad en los comicios, había 275 sobres, pero la distribución de votos por cada fuerza sumaba 284 sufragios en total. La irregularidad había quedado en evidencia con mayor grado de obscenidad cuando se había ordenado la apertura de la urna que había solicitado el radicalismo y se había comprobado que en la misma no estaban las boletas, sino los “sobres vacíos”. Había más: el recuento había arrojado las existencias de 267 sobres, contra los 275 consignados en el telegrama original.
Con esas irregularidades comprobadas, la Junta Nacional Electoral había ordenado la realización de una “elección complementaria” en esa mesa, luego de haber sorteado un cortocircuito con la Junta Provincial, que pretendía hacer votar sólo en las categorías municipales.

EL CASO DE MAIPÚ
A priori, el antecedente de Lincoln encuentra obvias analogías con la situación que por estas horas se discute en Maipú. La principal de ellas anida en la condición de determinante en la cantidad de electores que podrían torcer definitivamente el rumbo de la elección y consagrar electo al candidato opositor, aunque también una diferencia sustancial: los electores, esta vez, no pertenecen todos a una misma mesa.
En efecto, la objeción, en esta oportunidad, no apunta al escrutinio de una mesa en particular, sino a la supuesta privación ilegal del derecho y de la obligación de votar a 150 ciudadanos, a quienes, según se ha denunciado, se les había retenido el DNI el último domingo.
La denuncia es grave, porque expone a los ciudadanos despojados de su derecho de votar libremente para elegir a sus representantes, ante las sanciones previstas por la Ley electoral por incumplir otra condición de ciudadanía, la obligación del voto.
Con ese antecedente a cuestas y el aporte de un experto en cuestiones electorales del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el “Frente de Todos” prepara, por estas horas, un planteo similar, que podría terminar con una “elección complementaria”, esta vez en una urna dispuesta para el solo fin de que los 150 ciudadanos privados de votar puedan cumplir su derecho constitucional.







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