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04-04-2014 - DIPUTADA NACIONAL ANDREA GARCIA
La injusticia de la justicia



Es muy peligroso que en las noticias, en las tapas de los periódicos y en el silencio o en las palabras de algunos dirigentes se definan los hechos de linchamientos acaecidos como justicia por mano propia, linchamientos que inevitablemente remiten a los hostigamientos mediáticos a funcionarios, a figuras públicas o simplemente a cualquier persona que los medios muestran como sospechosa.


Es muy peligroso porque detrás del supuesto asombro, están haciendo en forma indirecta apología del delito, están instalando permisos para que la gente reaccione de esta manera, enmascaran los graves hechos acaecidos en hechos de legítima defensa o defensa propia, cuando en realidad son hechos criminales. Ocultan, promueven y hasta consienten lo que tendenciosamente no llaman delito.
Cuando un ciudadano ha visto violado alguno de sus derechos, reclama justicia porque siente que las instituciones creadas para que lo protejan, no lo protegen ni lo alivian.
En la Argentina hemos venido atravesando varios procesos con demanda popular de endurecimiento de penas, dictando y promulgando leyes, sin embargo la única institución que no ha permitido ninguna de las transformaciones propuestas, ha sido el Poder Judicial que por mandato constitucional debe administrar justicia.
Las víctimas esperan años hasta que llegue una condena. Las víctimas y sus familiares peregrinan años por los pasillos de tribunales y es sabido que la justicia tardía es la máxima injusticia, es el equivalente a la justicia denegada. El Poder Judicial pareciera estar más preocupado por los intereses económicos de algunos actores del mercado que de los derechos, el dolor y las preocupaciones de las mayorías.
Es necesario puntualizar además el serio problema que atraviesa el sistema penitenciario actual que lejos está de garantizar posibilidad de inclusión, siendo una exigencia y una deuda de la que debemos con las provincias hacernos cargo.
La Argentina es un país que recupero el rol principal del Estado, es mucho más justo en materia de distribución de riqueza, y pionero en materia de ampliación de derechos en Latinoamérica.
En esta Argentina los hechos de inseguridad no se resuelven con el recrudecimiento de las penas. Ante un hecho de inseguridad no se necesitan leyes que dupliquen los años de condena. Se necesitan jueces sensibles a los problemas cotidianos, que actúen con humanidad, celeridad y sensatez.
No debemos permitir que se instale el discurso del orden y la mano dura, porque nos alimenta el miedo, nos hace egoístas, conculcamos derechos con tal de sentirnos seguros. Este discurso reivindica un Estado represivo hacia los más excluidos, invisibilizando la impunidad de los poderosos.
Un país más seguro exige de los que viven en él, más aceptación, respeto, integración, equidad e igualdad de derechos. Un país más seguro no tolera dirigentes políticos que consientan la discriminación, la división social, ni la justicia por mano propia.
Un país más seguro necesariamente requiere que el Pueblo irrumpa en el Poder Judicial para darle a ese poder de origen y ejercicio no democráticos, más democracia y requiere del compromiso autentico de toda la dirigencia política para reconstruir las instituciones que deben proteger a los ciudadanos.







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