Pese a la caída del proyecto de Ley Ómnibus, el Gobierno se reunió varias veces con las dos concesionarias que subsisten en el AMBA y elabora un proyecto de venta integral de las líneas metropolitanas. A diferencia de las concesiones, en este caso se transferirían al sector privado la titularidad del material rodante y hasta de vías y estaciones. En todo el mundo los trenes suburbanos son subsidiados para cumplir una función social. A los posibles oferentes, históricos empresarios prebendarios del Estado argentino, al parecer el negocio no les resultaría si tienen que invertir y sin la tarifa del boleto subsidiada.
La Plata, 9 Mar (Por InfoGEI).-Poco cambió en el ánimo del gobierno de Javier Milei la desaparición del Ministerio de Infraestructura –ahora absorbido por el de Economía–, la caída del proyecto original de Ley Ómnibus o la designación en las empresas ferroviarias de varios nombres que expresan cierta continuidad operativa con la gestión massista, a falta de cuadros propios. El plan sigue siendo el mismo: privatizar todos los activos del Estado a como dé lugar, sin reparos ni distingos.
Según pudo saber “En el Subte” de fuentes calificadas, en el Ministerio de Economía se trabaja en pliegos de licitación para volver a entregar al sector privado los ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires.
En este sentido, durante los últimos dos meses se sucedieron reuniones entre autoridades oficiales y representantes de las dos concesionarias privadas que subsisten en el AMBA, Metrovías/Emova (Grupo Roggio) y Ferrovías (Grupo Emepa/Romero).
En estas reuniones, los representantes del Gobierno intentaron convencer a los privados de hacerse cargo del servicio, en varios puntos más allá de sus propias pretensiones.
Según confiaron a En el Subte fuentes con acceso a la cartera de Luis Caputo, la idea del Gobierno no es ya concesionar sino, en la medida de lo posible, directamente vender la propiedad de las líneas, incluyendo material rodante, vías y estaciones.
La voluntad de rematar el sistema ferroviario ya aparecía en el proyecto de Ley Ómnibus, que disponía también la venta indiscriminada de las cinco empresas ferroviarias, incluyendo a la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF).
Proyecto incompatible
Más allá de la estrategia de reflotar aquel proyecto por vía del “Pacto del 25 de Mayo”, el intento de vender los ferrocarriles del AMBA aparece incompatible con las leyes vigentes: la ley 26.352 define a la ADIF como dueña de la infraestructura, incluyendo vías y terrenos, y la ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos –sancionada en 2015 con consenso político transversal– establece como principio de orden público la gestión estatal indelegable de la infraestructura ferroviaria.
Tanto es así que, cuando el gobierno de Mauricio Macri quiso renovar las concesiones vencidas de las líneas Belgrano Norte y Urquiza para mantenerlas en manos privadas, se topó con dos problemas: uno, la iniciativa era incompatible con el marco legal vigente, por lo que quedó estancada hasta que el gobierno de Alberto Fernández –tras anunciar una reestatización que nunca ocurrió– la adecuó para aclarar que, aun cuando se concesionara la operación, la responsabilidad sobre la infraestructura seguiría en manos del Estado.
En segundo lugar, los propios privados –otra vez, un universo de viejos conocidos: Roggio y Romero– le aclararon al gobierno de Macri que no tenían la voluntad ni la capacidad de hacerse cargo de las inversiones en vías y material rodante.