“Estamos frente a un escándalo jurídico: no hace falta esperar hasta el miércoles para saber lo que ocurrirá, ya que, como ha pasado antes, los medios ya adelantaron los detalles de la sentencia que será dictada contra Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora Verónica Magario y los ministros Carlos Bianco, Juan Martín Mena y Andrés Larroque.
La Plata, 11 Nov (Por InfoGEI).-En ese contexto, Kicillof destacó: “Se está inaugurando un nuevo género, algo que podríamos llamar derecho-ficción: se dictan fallos a pesar de la ausencia de pruebas o delitos en los expedientes, y, aún si existieran, la acusada no tenía siquiera la posibilidad material de cometerlos debido a su función administrativa”. Añadió que “el verdadero objetivo es ejecutar una estrategia de disciplinamiento mediante un juicio sin fundamentos y una condena ficticia que busca perseguir y desprestigiar políticamente a los líderes del campo popular”.
“Desde la provincia de Buenos Aires expresamos nuestro repudio ante lo que sucederá el miércoles, un hecho que también golpeará duramente la credibilidad de nuestras instituciones”, subrayó el gobernador, expresando también su “acompañamiento y solidaridad absolutos con Cristina, quien nuevamente es víctima de una persecución judicial y mediática”.
Por su parte, Mena señaló: “La Cámara Federal de Casación Penal va a dar un paso más en el debilitamiento de nuestra democracia, dentro de un sistema judicial que perdió su rumbo hace tiempo”. Recordó que “desde hace meses, distintos medios afirman que se ratificará la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner”.
Condena sin pruebas
“No hubo ningún testigo o perito que pudiera respaldar las inconsistencias de la llamada causa Vialidad, una causa siempre ligada a los calendarios electorales, con la intención de disciplinar políticamente”, sostuvo el ministro, añadiendo que “en la provincia de Buenos Aires alertamos sobre la gravedad de lo que está sucediendo, impulsado por una combinación de medios concentrados, políticos y un sector reducido pero influyente de la Justicia”.
Canal Magdalena
En relación al Canal Magdalena, Kicillof subrayó: “Un punto clave es nuestro reclamo al Gobierno nacional para que nos transfiera la obra, ya que es evidente que no priorizan la soberanía ni la infraestructura que favorezca la competitividad de nuestra provincia”. Agregó que “se ha hecho público de manera encubierta el nuevo contrato de concesión de la vía navegable troncal, y no permitiremos que ese negocio perjudicial para Buenos Aires se concrete”.
Contrato de la hidrovía
Sobre el contrato de la hidrovía, Bianco enfatizó: “Ignora tratados internacionales, fue realizado sin consulta a las provincias, sin los estudios de impacto ambiental necesarios, y privilegia a ciertos puertos privados sobre los públicos”. Reiteró la solicitud al Gobierno nacional para que transfiera la jurisdicción del Canal Magdalena a la provincia, permitiendo avanzar con la obra para lograr mayor eficiencia, generar recursos y recuperar plenamente la soberanía sobre nuestras aguas.
Autoridades presentes
Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; las ministras de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; de Ambiente, Daniela Vilar; los ministros de Economía, Pablo López; de Transporte; Jorge D’Onofrio; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Salud, Nicolás Kreplak; de Seguridad, Javier Alonso; y de Trabajo, Walter Correa; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. (InfoGEI)Ac