El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires impuso una sanción económica al exintendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, tras detectar múltiples anomalías en la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2023.
La Plata, 27 May (Por InfoGEI)De acuerdo con el fallo emitido en abril, el organismo provincial observó irregularidades por un total superior a los 84 millones de pesos, vinculadas a contrataciones sin justificación, pagos indebidos y obras con certificaciones defectuosas.
En concreto, Zabaleta fue multado con 1.450.000 pesos, además de enfrentar cargos solidarios por 83.786.324 pesos, compartidos con otros exfuncionarios de su gestión. En conjunto, el monto observado por el Tribunal asciende a 84.101.418 pesos.
El organismo advirtió que la administración municipal envió información incompleta, no aclaró la superposición de períodos en los contratos, ni aportó documentos que permitieran comprobar la titularidad y la matrícula de los vehículos alquilados.
Entre las observaciones más relevantes, se mencionan contratos de alquiler de camionetas y camiones durante 2023, sin detalles sobre los titulares ni las patentes. Parte de la documentación fue catalogada como “ilegible o incompleta”.
Asimismo, se detectaron pagos por conceptos como “Bonificación por Capacitación” y “Bonificación por Dedicación Exclusiva” sin documentación de respaldo. No se presentaron decretos, legajos ni comprobantes que justificaran esos beneficios a los funcionarios.
Obras públicas en la mira
Una de las irregularidades más graves señaladas fue la obra de remodelación del Microestadio de Villa Tesei. El primer certificado de avance indicaba un progreso del 76%, aunque no contaba con las firmas del inspector ni del representante técnico de la empresa adjudicataria. Solo lo rubricaron el entonces intendente Zabaleta y el secretario Mario Rafael Ochoa.
La obra fue licitada bajo el proceso N° 121/23 y sigue sin estar concluida. El Tribunal ordenó verificar la ejecución real del proyecto y sancionó las fallas normativas detectadas.
También se cuestionaron contrataciones directas en situaciones donde correspondía aplicar licitación pública. Un caso destacado es la adjudicación por más de 168 millones de pesos a la firma Desarrollos Beccar S.A., para refaccionar las escuelas N° 3 y N° 25. Según el fallo, el municipio justificó esta contratación con fundamentos ajenos al asunto tratado, violando lo establecido por el artículo 133 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Responsabilidad compartida
Las observaciones alcanzan a exfuncionarios de distintas dependencias municipales, como Hacienda, Tesorería, Contaduría, Seguridad, Compras y Obras Públicas. Entre los señalados figuran Carlos Augusto Dichiara, Gustavo Gabriel Schiariti, Facundo Cadavid, Agustín Castro Bravo, entre otros.
El fallo establece que, si no se presenta la documentación justificativa correspondiente, los implicados deberán devolver los fondos al municipio. El Tribunal concluyó que las irregularidades generan un perjuicio directo al erario público, y responsabiliza principalmente a Zabaleta por ser la máxima autoridad durante el período auditado.
La resolución ya está firme y se iniciaron los procedimientos administrativos para el reintegro de los fondos. El expediente continúa abierto, a la espera de las presentaciones de los exfuncionarios implicados. (InfoGEI)Ac