Las prepagas ya están recalculando las cuotas que cobrarán a sus clientes el mes que viene para cumplir con la regulación que impuso el Gobierno. Estiman que en promedio bajarán alrededor de un 20% nominal. Pero la discusión no terminó. Fuentes del sector advirtieron por un “inminente colapso del sistema” producto de los desequilibrios acumulados. Anticiparon que apelarán las medidas promovidas por la Secretaría de Comercio, piden encarar una desregulación que permita ofrecer distintas prestaciones y aseguran que en las próximas semanas crecerá la escasez de turnos y el cobro de copagos. Advierten que unas 600 clínicas y sanatorios quedarán al borde de la quiebra.
La Plata, 25 Abr (Por InfoGEI).- Las empresas de medicina privada están ajustando las tarifas para cumplir con las nuevas regulaciones gubernamentales que exigen retrotraer los precios a los niveles de diciembre de 2023 y limitar los aumentos futuros al índice de inflación.
Esto se debe a una reciente intervención del Gobierno para controlar los costos en el sector de la salud. Se espera que las cuotas disminuyan en promedio un 20%, aunque esto varía según la compañía y el tipo de cliente.
Sin embargo, las empresas del sector expresan su preocupación por las implicaciones de estas medidas. Advierten sobre un posible colapso del sistema debido a los desequilibrios acumulados a lo largo del tiempo.
En tal sentido, argumentan que los retrocesos en las tarifas afectarán también los ingresos de los prestadores de servicios de salud, quienes habían calculado sus aumentos salariales y otros gastos en función de los ingresos previstos. Esta situación podría provocar una escasez de turnos y el incremento del cobro ilegal de copagos por parte de los profesionales de la salud, lo cual se había vuelto habitual el año anterior.
Además, las empresas indican que los costos en el sector de la salud han aumentado considerablemente, incluyendo aspectos como electricidad, gas, combustible, medicamentos, entre otros. Este incremento de costos, sumado a la limitación en los ingresos por la reducción de las cuotas, podría llevar al cierre de cientos de clínicas y sanatorios, lo que tendría graves repercusiones en el acceso a la atención médica para la población.
Por otro lado, las empresas del sector reclaman una revisión de las regulaciones gubernamentales que establecen los límites de aumento en función del índice de inflación. Argumentan que estos límites deberían estar vinculados más estrechamente a los costos específicos del sector de la salud, en lugar de basarse únicamente en el IPC. También piden una mayor flexibilidad en la oferta de servicios de salud, incluyendo la posibilidad de ofrecer distintas prestaciones para adaptarse mejor a las necesidades de los pacientes y los prestadores de servicios. (InfoGEI)Ac